María Márquez. Madrid
Ningún partido ha querido oponerse a la necesidad de cobro de esos millones de facturas pendientes en los cajones de las administraciones locales y autonómicas, por lo que ningún portavoz ha votado en contra del fondo para la financiación de pago a proveedores, debatido en el pleno del Congreso este jueves. Sin embargo, tres partidos se han abstenido (PSOE, UPyD y PNV) y solo uno, CiU, ha apoyado el plan gubernamental. Una nada desdeñable cifra de abstenciones, 112, y dos negativas, no han podido obstaculizar la aprobación de la medida defendida por 196 diputados.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

Las críticas más duras han procedido del PSOE que, de la mano de Gaspar Carlos Zarrías, ha tachado el mecanismo de “injusto y chapucero”, además de asegurar que “roza la inconstitucionalidad” por la intervención de “auditoras privadas”. El encargado de defenderlo ha sido el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien ha recalcado que “el plazo y coste” del préstamo “es soportable” para las Administraciones implicadas.

Esperando recibir las listas de facturas pendientes de las autonomías, que tienen de plazo hasta el próximo 15 de abril, De Guindos ha confirmado que 4.622 ayuntamientos se han acogido al plan aportando 1,9 millones de facturas que equivalen a 9.600 millones de euros. Y para transmitir seguridad a la Cámara, el ministro ha asegurado que el 90 por ciento de entidades bancarias están dispuestas,junto al ICO, a participar en “la mauor operación realizada nunca en España”. Por otro lado, ha enumerado los requisitos a exigir a los solicitantes (cuentas equilibradas, plan con financiación adecuada, descripción y calendario de reformas estructurales, caledario pago a contratistas y autónomos y racionalización de gasto en empresas públicas) y ha insistido en que “no hay deuda nueva, sino que la existente cambia de categoría”.

Las abstenciones

El portavoz socialista Gaspar Carlos Zarrías ha manifestado rotundamente sus dudas acerca del Real Decreto Ley porque, entre otras cuestiones, su partido considera que las condiciones que plantea “son muy difíciles de cumplir”. El plan es, en opinión de Zarrías, “caro y jurídicamente malo”, de ahí que haya propuesto que “una comisión o subcomisión” del Congreso vele por el cumplimiento de “cada paso”.

En esta misma línea crítica se ha manifestado el portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, quien ha asegurado que la propuesta gubernamental “minimiza una situación muy grave” en la que no se han exigido responsabilidades en ningún nivel de la Administración. Anchuelo ha apuntado además que las condiciones para Ayuntamientos “son más claras y severas” que para las atuonomías y ha criticado la “bicefalia no resuelta” entre los Ministerios de Economía y Hacienda, al ser una norma propuesta por Cristóbal Montoro pero sin embargo “tutelada” por De Guindos. La tercera de las abstenciones corrió a cargo del PNV, si bien su portavoz Pedro Aizpiazu ha explicado que se debía a la no afectación de la norma a Euskadi y Navarra.

El que sí ha apoyado claramente la medida de Montoro y De Guindos ha sido CiU, que de la mano de Antonio Picó ha compartido “el objeto y el fin” del RD instando a la “máxima transparencia” en el papel del interventor municipal criticando que el Fondo se sustente en el de Activos Financieros, en extinción.